Los republicanos desarrollaron una política represiva contra el clero católico, mediante la disolución de órdenes religiosas, la incautación de bienes eclesiásticos, la prohibición de ejercer la enseñanza y el desarrollo del laicismo pleno de la sociedad. Además, la Iglesia sufrió ataques violentos contra sus templos y clérigos por parte de las masas revolucionarias (liberadas de cualquier acción policial o judicial en su contra). Los autores de los atentados justificaban sus ataques contra la Iglesia por la supuesta connivencia de parte del clero con los terratenientes y caciques, que perpetuaban la injusticia social en España.
La aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Vascongadas encontró la oposición firme de la derecha española, por el miedo al movimiento independentista, principal amenaza para la unidad de España. La Generalidad (Generalitat) de Cataluña llegó a proclamar el nacimiento del Estado Catalán (Estat Catalá), dentro de la República Federal Española, durante el intento de golpe de Estado de la Revolución de de 1934. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) reclamaba la concesión de un Estatuto de Autonomía (al igual que Cataluña) y reivindicaba las diferencias étnicas y culturales con el resto de España.
La polémica instauración de la República; los problemas agrario, religioso y militar, y los golpes de Estado de 1932 y 1934 radicalizaron la vida política y del Parlamento. Además, el Frente Popular acabó con la independencia judicial mediante la creación de un Tribunal de Responsabilidades Políticas (10 de junio de 1936) para depurar a los jueces, magistrados y fiscales, que dictaran sentencias en contra de la línea ideológica del Frente Popular. Un síntoma del clima de guerra civil era que muchos diputados acudían con pistola a las Cortes.
El enfrentamiento parlamentario llegó a su clímax con las amenazas de muerte al diputado José Calvo Sotelo. El líder del Partido Comunista de España (PCE), José Díaz, declaró en la sesión del 15 de abril de1936. "Si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos nuevos". Ángel Galarza, del Partido Radical Socialista (PRS), realizó la siguiente afirmación en la sesión del 1 de julio de 1936. "Pensando en Usted encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida". En la noche del 12 al 13 de julio de 1936, José Calvo Sotelo fue secuestrado en su domicilio y asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El crimen quedó impune y los autores del asesinato fueron encubiertos por diputados del Parlamento. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, salvó la vida porque estaba de viaje en Francia. Un grupo de agentes de seguridad habían ido a su domicilio a buscarlo para asesinarlo.
La convivencia resultaba cada vez más difícil en España, debido a la radicalización de la sociedad hacia posturas extremistas, ante la falta de soluciones de la clase política. El paro era uno de los principales problemas de la Nación. En la provincia de Murcia había 42.000 obreros en paro forzoso. La calle se convirtió en el lugar preferido para los ajustes de cuentas (asesinatos) entre izquierdistas y derechistas, en aplicación del "ojo por ojo y diente por diente".
La violencia callejera iba acompañada de numerosas huelgas obreras. Entre el 16 de junio y el 13 de julio de 1936 se sucedieron en España 15 huelgas generales y 129 parciales. El Heraldo de Madrid publicaba lo siguiente: "Huelgas por todas partes, todos los días y sin orden ni concierto". Ángel Pestaña, líder del Partido Sindicalista (PS), reconocía lo siguiente: "No hay seguridad alguna en la vida económica y social de España". El jefe de la CEDA, el conservador José María Gil-Robles, realizaba la siguiente profecía el 19 de mayo de 1936: "Si no existe esa política de justicia, España irá a una situación de guerra civil, en la cual no tendrán nada que hacer los partidos que se mueven dentro de la órbita legal". Indalecio Prieto, uno de los líderes del PSOE, reconocía la gravedad de la situación en España el 24 de mayo de 1936. "Vivimos, es cierto, en una intensísima guerra civil".
La falta de cultura democrática en una sociedad con un alto porcentaje de analfabetismo suponía un obstáculo importante para la consolidación de la II República. El analfabetismo constituía un caldo de cultivo para el triunfo en la sociedad de ideologías extremistas de izquierdas (comunismo) y derechas (fascismo), ante la falta de soluciones a los graves problemas de España. Este problema afectaba al 50 por ciento de la población de la provincia de Murcia.
El general José Sanjurjo amenazó en 1932 la estabilidad de la naciente II República con un golpe de Estado, frustrado por las fuerzas de seguridad, ante la falta de apoyo popular. En 1934, los líderes marxistas crearon un clima guerracivilista en España mediante el estallido de la Revolución de Octubre, golpe de Estado contra el Gobierno de derechas. En 1936, el éxito y, a la misma vez, el fracaso parcial del golpe de Estado del general Francisco Franco, apoyado por parte del ejército y la sociedad, contra el Gobierno del Frente Popular de izquierdas desencadenaron definitivamente la guerra civil entre republicanos y nacionales.
